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El independentismo pretendía restringir las libertades en Cataluña

José A. Ruiz 11/03/2019

Las recientes investigaciones sobre la causa de intento de golpe de estado del nacionalismo catalán han sacado a la luz los papeles del ex-juez Vidal, que detallan los planes del independentismo para recortar seriamente los derechos y libertades de la población catalana.  A continuación detallamos algunos de los puntos más relevantes revelados por estas y otras investigaciones.
 

Eliminar la separación de poderes.

Quedó constancia de ello en las denominadas "leyes de desconexión", y más concretamente en la "ley de transitoriedad jurídica" aprobada en el parlament de catalunya los fatícicos días 6 y7 de septiembre de 2017, según la cual Cataluña transforma el Tribunal superior de Justicia en un Tribunal Supremo cuyos miembros serán nombrados por el president a propuesta de una Comisión Mixta formada por miembros del supremo y del propio gobierno, lo que garantiza la mayoría absoluta del gobierno en la elección y control de los jueces y somete el poder legislativo al ejecutivo, algo que no existe en la Europa democrática.
 

Prohibir los partidos que cuestionen la constitución catalana.

Este plan salió a la luz hace pocos días a raiz de una información de Europa Press relativa a los papeles intervenidos al exjuez y activista nacionalista Santiago Vidal, de quien recordamos la grabación en la que confesaba que para el 1 de octubre se obtendrían los datos personales de todos los catalanes de forma ilegal.  En esos papeles quedan manifiestos los planes de no permitir la constitución de partidos políticos que cuestionen la integridad territorial de Cataluña o que alienten una unidad de Cataluña con España, lo que contrasta con la libertad que existe en el estado español, que si permite la existencia de partidos que cuestionen su constitución.
 

Eliminar el español para imponer el catalán como lengua única.

Ni siquiera necesitamos remitirnos a las leyes de desconexión, pues es algo que el gobierno nacionalista ya aplica de facto.  El idioma Español, que es la lengua materna de la mayoría de catalanes (el 51% tiene el español como lengua materna frente al 36% que tienen el catalán), está excluida de los canales de TV y radio públicos catalanes, de la rotulación y comunicaciones institucionales, se multa a los propietarios de negocios que rotulen únicamente en español y se prohibe su uso en los colegios como lengua vehicular.  Los planes del independentismo pasan además por eliminar el español como lengua oficial de Cataluña, y destacados miembros del gobierno nacionalista "presumen" de su poco dominio del Español (como Clara Ponsatí, ex-responsable de educación), o son firmantes del manifiesto del Grup Koiné contra el bilingüismo y a favor de la lengua única (como Laurá Borràs, la actual consellera de cultura).  En los planes del intependentismo, la expulsión del idioma español será progresiva, y solo los nacidos antes de 1977 tendrán permiso para usarlo al comunicarse con las instituciones catalanas.
 

Espiar a los discrepantes.

Volviendo a los papeles intervenidos al exjuez Vidal y relacionados con el borrador de la "constitución catalana", se establecía la necesidad de espiar a fuerzas de ideología contraria, a las que se englobaba en el concepto de "Españolismo Violento".
 

Usar la enseñanza para inculcar "espíritu de pertenencia al nuevo país".

Referenciado también en los papeles del Juez Vidal, aunque solo hemos de trasladarnos a la realidad de la Cataluña actual para constatar el adoctrinamiento escolar, del cual existen numerosos informes y que está evidenciado en los libros de texto autorizados por la Generalitat.
 

Usar los medios de comunicación para fortalecer el sentimiento nacional.

También consta expresamente en los papeles del juez vidal el uso partidista de los medios, aunque no es ninguna novedad para quien conozca el panorama de la televisión y radio públicas de Cataluña, monolingües y totalmente politizados, desde los canales infantiles hasta los musicales.
 

Conceder indultos por "servicios al país".

Para este punto también hay que remitirse a las leyes denominadas "de desconexión", que permiten "liberar a representantes políticos de sus respectivos procesos judiciales por haber cometido una ilegalidad".  El texto de la ley es tan amplio que permite pasar por alto cualquier delito si quien lo comete es afín al gobierno.
 
En resumen, un panorama de restricción de libertades bastante preocupante que los líderes del "procés" pretendían convertir en realidad en el corazón de una Europa democrática que daban por hecho que les acogería y reconocería como país.
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